Cuando un juzgado pide a una compañía trasnacional, como una big tech, que le facilite una prueba, se suelen escuchar grillos en respuesta. Esto no solo pasa en procedimientos penales si no también en procedimientos civiles y laborales.
Lógicamente un poder estatal no puede (o no debería) admitir que una entidad mercantil niegue su soberanía, como si fuera una colonia, lo que de por si es un buen motivo para que la jurisdicción brasileña haya cerrado Twitter-X.
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